PAREJA SE HIZO PASAR COMO VERIFICADORES DEL ISSEA PARA ESTAFAR A COMERCIANTES, YA ESTÁN EN EL CERESO.

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Se trata d César y Areli por su responsabilidad en el delito de ejercicio indebido del servicio público, luego de que se ostentaran falsamente como verificadores sanitarios del Instituto de Servicios de Salud del Estado (ISSEA).

Los hechos ocurrieron el pasado 13 de junio de 2025, cuando los imputados arribaron a una tienda de abarrotes ubicada en la comunidad Tanque de los Jiménez, en el municipio de Aguascalientes. En el lugar, se entrevistaron con la persona propietaria del establecimiento, presentándose como personal del ISSEA, mostrando un carnet con fotografía y portando chalecos color azul con la leyenda “Verificador Sanitario”.




Durante la falsa inspección, habrían revisado los productos exhibidos, advirtiendo al dueño que no podía vender medicamentos ni cigarros sueltos, señalando que la multa correspondiente sería de 70 mil pesos. En ese momento, César “N” posiblemente solicitó hablar en privado con el dueño del negocio, proponiéndole un “arreglo” a cambio de 12 mil pesos. Posteriormente, habrían recibido la cantidad de 10 mil pesos, producto de la extorsión.

En ese instante la mujer gritó que tenían que irse, sin embargo, fueron detenidos por elementos preventivos que se encontraban en las inmediaciones, asegurándoles el dinero en efectivo entregado momentos antes por la víctima.

Los imputados fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien realizó las diligencias correspondientes y los presentó ante la autoridad judicial en audiencia de control de detención.




Durante dicha audiencia se vinculó a proceso a ambos imputados por el delito señalado y ordenó la prisión preventiva justificada como medida cautelar.

Asimismo, se estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, en el que continuarán las indagatorias para robustecer la carpeta.




La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso con la legalidad, y exhorta a la ciudadanía a denunciar cualquier acto de suplantación de autoridad o extorsión, garantizando el acceso a la justicia de manera pronta y efectiva.